La batería de proyectos de Reales Decretos que está preparando el Ministerio de Educación modificará profundamente el modelo de Universidad Pública que conocemos, todo ello sin negociar con los agentes sociales e ignorando las valoraciones de las propias universidades.
Tras la reforma de la LOU, la modificación de los sistemas de acceso a los estudios universitarios y de becas y ayudas al estudio, el Ministerio y su ministro han optado por continuar su (contra)revolución conservadora a través de proyectos de reales decretos sobre:
• La creación, reconocimiento y acreditación de universidades y centros universitarios. Facilita las condiciones para la creación de nuevos campus privados.
Tras la reforma de la LOU, la modificación de los sistemas de acceso a los estudios universitarios y de becas y ayudas al estudio, el Ministerio y su ministro han optado por continuar su (contra)revolución conservadora a través de proyectos de reales decretos sobre:
• La creación, reconocimiento y acreditación de universidades y centros universitarios. Facilita las condiciones para la creación de nuevos campus privados.
• La ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. El proyecto de Real Decreto plantea reducir la duración de los grados (3 años en lugar de 4). Este cambio iría acompañado de modificaciones en los másteres, que pasarían a ser de 2 años. Si tenemos en cuenta los elevados precios de los estudios de posgrado y las mayores dificultades para el acceso a becas y ayudas al estudio, estas transformaciones reforzarán el sesgo clasista en el acceso a la educación superior y, a la postre, darán lugar a una reducción significativa del número de estudiantes matriculados en el sistema universitario español.
• El establecimiento de la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.
Si a esto sumamos las reformas ya aprobadas, la caída de la inversión, el deterioro de la investigación, el incremento de las tasas, la disminución de becas y ayudas y el endurecimiento de los requisitos para acceder a éstas, tenemos la fórmula que está cambiando radicalmente el sistema universitario público español, para mal.
La inversión máxima en educación superior en 2010 fue del 1,17% del PIB, cifra por debajo de la media de la OCDE y la Unión Europea. Entre 2010 y 2014, los presupuestos de las universidades públicas han descendido más de 1.500 millones de euros. Esta situación obliga a la captación de fondos privados, sobre todo los que proceden de las tasas que pagan los alumnos y a la necesidad de potenciar la figura del mecenazgo a través de empresas o entidades, cuya pretensión final es despojar a la Universidad de su carácter de creadora de conocimiento y formadora de personas con capacidad de pensamiento.
Tampoco olvidemos la nueva línea de negocio bancario que ha supuesto la necesidad de financiarse con préstamos para estudiar y que, ahora, un sistema de préstamos sustituye al actual de becas, expulsando a quienes no puedan costearse unos estudios cada vez más caros. Terrible sistema que endeuda a los estudiantes y sus familias, abordando su entrada al mercado laboral en unos considerables números rojos que les impelen a aceptar draconianas condiciones de trabajo, con el consiguiente regocijo de la patronal.
Finalmente, los recortes se han llevado por delante 8.124 empleos durante los dos últimos años (más de 5.500 docentes e investigadores y cerca de 2.500 empleos en administración y servicios), con algunos casos sangrantes, como los compañeros del PAS de la Politécnica, con la sentencia del TS sobre el despido nulo de los 156 laborales despedidos en marzo de 2013, que deberían estar trabajando en sus puestos de trabajo ya, pero con las plazas amortizadas en Consejo de Gobierno.
